Pretende mejorar la gestión y control de la calidad de los suelos contaminados y potencialmente contaminados. Esta norma se adapta a la Ley andaluza de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) y a las diferentes normativas estatales que establecen la relación de actividades potencialmente contaminantes y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Este reglamento regula las competencias específicas de los ayuntamientos, ya reconocidas en la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, entre ellas las relativas a la declaración, aprobación de proyectos de descontaminación y desclasificación de los suelos contaminados comprendidos íntegramente en sus términos municipales, así como aquellas de competencia autonómica, definiendo los procedimientos administrativos correspondiente, además de diversos instrumentos de las Administraciones Públicas competentes en la materia. Por otra parte, este decreto contempla las diferentes obligaciones de los propietarios de los terrenos que hayan soportado en el pasado alguna actividad contaminante, así como de los titulares de las actividades potencialmente contaminantes del suelo. Finalmente, el reglamento recoge los requisitos exigidos a los diferentes participantes, así como los criterios técnicos necesarios, para la realización de estudios de caracterización y análisis de riesgos, los niveles genéricos de referencia para los distintos elementos presentes en los contaminantes, los procedimientos para evaluar los emplazamientos afectados, y la ejecución de los trabajos de recuperación de los suelos. Nos encontramos, en definitiva, con una materia, la protección de la calidad de los suelos, en la que la coordinación entre administraciones y los diferentes agentes sociales afectados juega un papel fundamental